Una orden de un juez federal, publicada este mes, revela información sobre la investigación por lavado de dinero contra el productor Raphy Pina Nieves que llevaba a cabo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Pina Nieves no fue acusado por lavado de dinero después de que el FBI no encontrara evidencia para sustentar alegaciones de una supuesta fuente confidencial contra a él ni un empleado suyo que la agencia identifica como su “contable personal”, Joed Romero.
No obstante, esta información parece explicar por qué el caso contra Pina Nieves por posesión ilegal de armas, por el que fue encontrado culpable en diciembre, surgió de una investigación de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI en Puerto Rico.
Públicamente, se desconocían detalles sobre la pesquisa de lavado de dinero, pues durante el juicio no se discutió por qué esa unidad del FBI lo investigaba.
Poco más de un mes después del veredicto, el pasado 20 de enero, el juez Francisco Besosa autorizó una solicitud de la fiscalía federal para que se eliminara la restricción de una serie de documentos del caso.
Uno de esos documentos liberados es una orden y opinión del mismo Besosa, emitida el pasado 10 de agosto de 2021, cuando denegó una solicitud de la defensa de Pina Nieves para suprimir evidencia.
Según la orden de Besosa, la declaración jurada del agente del FBI a cargo del caso, Justin Turner, indicó que “una fuente humana confidencial” les había informado que Pina Nieves, Romero y dos individuos “anónimos” lavaban “dinero a través de estaciones de gasolina”.
“Los individuos anónimos transportan y distribuyen narcóticos ilícitos en Puerto Rico”, indica la orden del juez, basándose en la información provista por el FBI.
Añade que con estas confidencias fue que el FBI pudo obtener la orden judicial para autorizarle a interceptar las llamadas telefónicas el 4 de febrero de 2020 en el teléfono celular que usaba Romero.
En una de esas llamadas es en la que se oye la voz de un hombre que identificaron como Pina Nieves indicando que tenía armas en un casa que tiene en Caguas, por lo que el FBI allanó la vivienda, donde ocupó dos pistolas y municiones.
Besosa señaló que la orden para grabar las llamadas tenía “amplia evidencia” para haberse emitido.
Indicó que en una fecha no determinada “el FBI realizó una entrevista inicial con la CHS (siglas en inglés para fuente confidencial) ‘basada en [su]estrecha relación con presuntos miembros y facilitadores de Organizaciones de Narcotráfico (DTO) en Puerto Rico”.
El FBI estableció credibilidad de la fuente porque le ofreció información de narcotráfico que fue corroborada. En una de esas confidencias, le informó sobre un cargamento de drogas que una DTO intentaría entrar a la isla y detalles sobre el método de comunicación, pero que tenían dificultades entrarlo a Puerto Rico por las condiciones del tiempo.
Con esa información, la Guardia Costera logró localizar la embarcación y ocupar un cargamento de cocaína.
En otra conversación con el FBI, el informante indicó que “un miembro de la DTO solicitó que ‘trasladen aproximadamente $3 millones (en efectivo) de Puerto Rico a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Como una ‘prueba’, el miembro de la DTO le encargó a la CHS que transportara dinero que ‘ya estaría limpia[do]’ por Romero, el ‘administrador de dinero’ de Pina”.
Agregó que “en otra ocasión, Romero ‘acordó lavar (la cantidad fue tachada) de ganancias ilícitas para un cliente del CHS durante una reunión en persona’. Romero se refirió a ‘su capacidad para lavar dinero a través de las gasolineras’”.
Asimismo, la orden judicial indica que la declaración jurada de Turner alega que “llamadas telefónicas monitoreadas consensualmente… indicaron que [Romero] y [Pina] lavan dinero para DTO puertorriqueños y tendrían grandes cantidades de efectivo disponibles debido a próximos conciertos”.
Elnuevodia
